En los últimos días, quienes por distintos motivos estamos relacionados con el programa UBA XXII de educación en cárceles, nos vimos sorprendidos con una insólita noticia. Los represores Donda, Rolón y Suarez Mason, condenados o procesados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, acudieron a la justicia para acceder al programa.
Resulta cuanto menos llamativo que pretendan formar parte de la comunidad académica quienes llevaron adelante el más violento ataque a la Universidad en toda su historia. Productora de conocimiento e investigación de la sociedad, fue convertida en instrumento de disciplinamiento y control ideológico. Fue fundamental para el gobierno militar desarticular la Universidad como espacio generador de pensamiento crítico y desvincularla de las necesidades de nuestro pueblo oprimido.
Asimismo, no puede confundirse a quien cometiere cualquier delito, por grave que este sea, con aquellos que se ampararon en toda la estructura estatal para, a través de las más terribles violaciones a los derechos humanos, implantar las bases para una política económica de miseria para nuestro pueblo. La impunidad absoluta de contar con todo el aparato estatal para llevar adelante semejantes atrocidades hacen incomparables esos crímenes con todos los demás.
La larga lucha por la memoria, la verdad y la justicia dada por nuestro pueblo logró que algunos de los genocidas se encuentren hoy en prisión. Sin embargo, aún vemos como pujan por su impunidad. Sólo así puede leerse la solicitud de estudiar una carrera universitaria de quienes nunca antes, estando en libertad, mostraron interés alguno al respecto. Estudiar en la cárcel da acceso a salidas estudiantiles y otros beneficios: es una ventana a la libertad.
Desde La Juntada de la Izquierda Independiente, conducción del CEFyL y mayoría estudiantil en el Consejo Directivo, que desde hace ya más de un año venimos trabajando en el Centro Universitario de Devoto (CUD) mediante la realización de talleres de discusión y formación con los estudiantes privados de su libertad, sostenemos enfáticamente que la Universidad de Buenos Aires no debe admitir en su programa UBA XXII a los represores involucrados en la ejecución del genocidio perpetrado contra el pueblo argentino durante la última dictadura militar.
Porque con impunidad no hay verdad ni justicia.
Por la memoria de los más de 1300 estudiantes y profesores de la U.B.A. detenidos y desaparecidos.
Por todo lo que significa la Universidad para nosotros/as, adherimos al pedido de los estudiantes, profesores y coordinadores del programa UBA XXII para que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires rechace la inscripción de todos aquellos procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La Universidad de Buenos Aires no puede ser una herramienta para que los únicos demonios alcancen una vez más la libertad.
La Juntada - Conducción del CEFyL
